UN MANOTAZO RECAUDATORIO A COSTA DEL MERCADO INTERNO Y LAS PYMES

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) Delegación Buenos Aires expresa su rechazo al nuevo impuesto a los sellos del 1,2 % sobre las compras con tarjetas de crédito que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pretende aplicar, según consta en el proyecto de Presupuesto 2021.

Consideramos que el “manotazo” llega en momentos en que comienza a darse una heterogénea recuperación de la actividad en muchas micro, pequeñas y medianas empresas seriamente afectadas por la pandemia, que en muchos casos pudieron subsistir en virtud de las políticas de apoyo al consumo, la producción y el trabajo aplicadas por el Gobierno Nacional y a pesar de las magras políticas del Gobierno de la Ciudad.

APYME afirma que el impuesto que ahora pretende aplicar la Ciudad no beneficiará a los “vecinos” sino que afectará su ya mermado poder adquisitivo, dificultando aún más la delicada situación de miles de Pymes que viven del mercado interno y realizan enormes esfuerzos para volver a ponerse en marcha.   No hay que olvidar que antes de arreciar la pandemia ya el conjunto de las Pymes y la demanda local sufrieron dos años de ajuste recesivo.

SEGUIR RESISTIENDO ASEDIOS: POR UNA ARGENTINA DESARROLLADA E INCLUSIVA

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) celebra el Día de la Soberanía Nacional, instituido en conmemoración de la Batalla de Obligado de 1845, cuando el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, rechazó el ingreso de naves británicas y francesas que buscaban adentrarse río arriba en un nuevo intento colonialista.

El asedio al territorio y a las riquezas del país y la región cambia de modalidades y actores; sin embargo, hoy como  entonces  sigue siendo indispensable un Estado que defienda y regule  los recursos estratégicos de la Nación y ponga freno al continuo accionar de los factores de poder económico, que no reconocen bandera.

En los últimos cuatro años volvió a comprobarse que la patria y las empresas locales están en peligro toda vez que se instauran, en complicidad con potencias globales, políticas de desregulación, especulación y apertura irrestricta de ingreso de mercaderías extranjeras. Una vez más se ha demostrado que lejos de “atraer inversiones”, esas medidas  conllevan la destrucción de la actividad,  el cierre de decenas de miles de empresas nacionales y el aumento de la pobreza y la indigencia.

Hace 15 años, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) participaba  de la III Cumbre de los Pueblos, llevada a cabo en Mar del Plata simultáneamente con la Cumbre de las Américas, donde los países del Mercosur y Venezuela, encabezados por los presidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, enterraron las pretensiones del Gobierno de EE.UU. de cerrar el Acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Previamente a ese hito histórico, la lucha contra el ALCA  de las organizaciones sociales, gremiales, Pymes, cooperativas  y de los Derechos Humanos, había logrado un fuerte respaldo ciudadano en nuestro país durante la consulta popular realizada durante noviembre 2003, cuando se sumaron más de 2.300.000 firmas en contra del ALCA, el pago de la deuda y la militarización”.

APYME denunció oportunamente que “la creación de un espacio al servicio de las transnacionales norteamericanas y de sus socios locales, que lesionará aún más a los sectores productivos nacionales, en especial a las pequeñas y medianas empresas, degradará los ingresos y las condiciones de trabajo y acentuará las desigualdades entre países con distinto grado de desarrollo, estableciendo así una división del trabajo en la que los más atrasados operan simplemente como proveedores de recursos naturales y mano de obra barata”.

EL ESFUERZO PARA SUPERAR LA CRISIS DEBE SER PROPORCIONAL PARA TODOS LOS SECTORES

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) llama a los legisladores nacionales a tratar de modo urgente el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La entidad resalta que este proyecto de ningún modo afecta a las inversiones ni a los sectores productivos. Por el contrario, los $307.000 millones que se espera recaudar por parte personas con fortunas superiores a los 200 millones de pesos, serán destinados a paliar las graves consecuencias económicas, sociales y productivas que está dejando la pandemia global, que golpea particularmente a los sectores más vulnerables, los trabajadores y las Pymes. El aporte solidario alcanzaría a un universo potencial de 9.298 contribuyentes que tributan en concepto de Bienes Personales, lo que a su vez significa un 0,02 % de la población. Con lo cual queda claro que quienes obstaculizan su tratamiento son pequeños grupos ligados con grandes intereses especulativos, fuertemente extranjerizados y concentrados.