“Lawfare” y proyectos de país

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su preocupación por la gravedad institucional de la actuación parcial, arbitraria y abiertamente conspirativa de sectores del Poder Judicial, en connivencia con intereses corporativos, referentes políticos y medios de comunicación concentrados.

La condena conocida en el día de ayer por la causa “Vialidad” contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es la punta del iceberg de un entramado de complicidades que excede el llamado “lawfare”, es decir la actuación del Poder Judicial en favor de intereses políticos y económicos.

No solo se perpetró una condena sobre la base de gravísimas falencias procesales por parte los fiscales, sin pruebas fehacientes, garantías legales ni debido proceso. Ante el reciente intento de magnicidio contra la vicepresidenta, las mismas facciones apuestan a dejar impune el hecho.

En estos días, con el viaje de jueces, funcionarios políticos y empresarios de medios a Lago Escondido, se conoció otra evidencia del accionar antidemocrático que está detrás de ese entramado ilegal. El mismo Presidente dela Nación denunció a los protagonistas y debe exigirse que la investigación avance de modo implacable.

APYME observa que históricamente en nuestro país esta clase de alianzas corporativas se han establecido para imponer lineamientos políticos y económicos contrarios a la producción y el trabajo nacional.

Los mismos sectores que reclaman “seguridad jurídica” cada vez que se busca poner límites a su voracidad, son los que frenaron la aplicación de las leyes de abastecimiento y defensa de la competencia, derogaron de facto la Ley de Medios Audiovisuales, avalaron los tarifazos del 3.000 por ciento y la quiebra fraudulenta de Vicentín, entre otros casos.

Hoy sostienen la misma actitud antirrepublicana, interponiendo constantemente cautelares contra medidas emanadas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual resulta inadmisible y pone en riesgo al conjunto de la ciudadanía.

APYME llama a todas las representaciones de la producción nacional a pronunciarse en resguardo de las garantías ciudadanas, las instituciones democráticas y la defensa de los intereses nacionales y de los sectores más vulnerables. Las Pymes, el trabajo, las cooperativas y emprendimientos de la economía social necesitan una verdadera y legítima seguridad jurídica para sostenerse y crecer, con la acción decidida de un Estado soberano, democrático y solidario.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2022

Comisión Directiva Nacional