ANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE MAÑANA POR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS

Ante la convocatoria para mañana 28 de octubre de la audiencia pública en la que se debatirá  el nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico, la  Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) ratifica su disconformidad con un proceso que parte de un tarifazo  ilegítimo, inconsulto y abusivo por parte de las empresas proveedoras de servicios públicos, avaladas por las autoridades nacionales.

La actual  convocatoria a “escuchar opiniones” sobre las propuestas tarifarias para los próximos cinco años que presentarán Edenor y Edesur, las distribuidoras de energía en la Capital y el conurbano, está lejos de constituir una instancia de debate. Se trata, una vez más, de una escenografía para convalidar el tarifazo perpetrado y justificar nuevas subas.

Para agravar la situación de inequidad que se instaura con este procedimiento, tanto  el Gobierno como las empresas ya admitieron que, más allá del aumento que se disponga en la tarifa, en el verano habrá  (más) cortes de energía  si la temperatura se mantiene en altos valores durante varios días seguidos.

Es decir, en nombre de un hipotético ahorro del Estado por  quita de subsidios a las empresas eléctricas, se confirma que a pesar de las  erogaciones realizadas con anterioridad no hubo inversiones  ni se piensa dar cuenta del destino de esos fondos. Pero además ni siquiera ahora, con el nuevo “esfuerzo” que se pide a toda la población, se aseguran las condiciones mínimas del servicio.

Como en el caso del gas, los mismos funcionarios que deberían controlar a las empresas, formaron parte de su estructura directiva, lo cual termina de poner todo el procedimiento bajo un manto de arbitrariedad y falta de respeto a las instituciones.

El conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas ha venido sufriendo desde fines de 2015,  junto con los trabajadores y los segmentos más desprotegidos de la sociedad, el mayor peso de las medidas de transferencias de ingresos hacia los sectores concentrados y transnacionales que constituyen en síntesis los únicos beneficiarios de la política económica en curso. En el día de ayer se conoció un estudio en el que se afirma que el 64% de los argentinos debió recortar el uso de servicios públicos frente al impacto de los aumentos.

APYME, que como es sabido sostiene un litigio con el Gobierno y el Enargas en representación  de las Mipymes de todo el país, continuará alertando y reclamando por la situación de emergencia del empresariado y el trabajo nacional, en la que los tarifazos tienen una incidencia decisiva junto con los incrementos de precios en diversos rubros, la caída del mercado interno, el aumento irrestricto de las importaciones y la falta de políticas activas.

Ninguna “ayuda” es suficiente para las Mipymes en un contexto de retirada del Estado de su papel regulador para limitarse a facilitar la ”acción de unos pocos grandes conglomerados e “inversores”, quienes imponen las condiciones al resto.

APYME continuará bregando junto con cooperativas, empresas de la economía social, trabajadores y demás sectores afectados para generar espacios de acción, propuesta y debate con el objetivo de revertir estas políticas y construir alternativas que retomen como prioridades la industrialización, la activación del mercado interno, la democratización económica  y la soberanía sobre los recursos estratégicos de la Nación.

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016

 

Eduardo Fernández

Presidente

 

Juan José Sisca

Secretario