EL PEOR RETROCESO DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 14 AÑOS

Ante una nueva recordación del 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advierte que las actuales políticas económicas están afectando gravemente la actividad del sector, con particular daño sobre  al entramado Mipyme y el trabajo.

Las cifras oficiales indican una caída de la actividad manufacturera del 7,9 % en julio respecto del mismo mes del año pasado, con una merma acumulada en el primer semestre de 4%. No sólo es el peor indicador sectorial de los últimos seis meses, sino de los últimos 14 años. En agosto de 2002 se había registrado una baja del 8,2 %. Este fuerte retroceso no es un hecho aislado, ni fruto de un proceso de “sinceramiento” de las variables económicas. Es el resultado concreto de las actuales medidas de ajuste, desregulación y transferencia de ingresos a los sectores concentrados, principalmente agroexportadores, financieros, mineros y energéticos.

El resto de los indicadores dan cuenta  del declive industrial y productivo. El nivel de actividad económica experimentó un retroceso del 1,3 % en el semestre (4,3% en el mes de junio). Las importaciones de bienes de consumo crecen en proporciones alarmantes, mientras disminuye la de bienes de capital e insumos industriales. Los establecimientos sólo utilizan en promedio un 65% de su capacidad instalada.  Al cabo del primer semestre se experimentó una caída en la producción de entre 20 y 25 % en distintos rubros.

La caída industrial contribuyó en buena medida a que el último índice de desempleo arroje un promedio nacional de 9,3%,  con picos de casi 12 % en grandes ciudades, junto con la consiguiente precarización del trabajo. Fruto de este proceso, sumado a la constante suba de precios, crecen los índices de pobreza e indigencia. Sólo en el gran Buenos Aires se produjo un incremento de 30 % de la pobreza en los últimos  6 meses. Además de constituir una tragedia social, esta situación  repercute de modo directo en el poder adquisitivo de la población.

De este modo se afecta a la actividad de las Pymes, que principalmente dependen del mercado interno. Al mismo tiempo, el aumento de insumos y tarifas, junto con las importaciones indiscriminadas, cierran un círculo que asfixia al sector. A diferencia de las grandes empresas, las Pymes no son formadoras de precios ni tienen espaldas para sobrellevar desventajas competitivas, con consiguiente caída de rentabilidad.  Directamente, se debaten entre la sobrevivencia o el cierre.

 Adaptación al “cambio”  o desarrollo inclusivo

No obstante los reclamos realizados en ese sentido, en la reciente ley de fomento Mipyme  se dejó de lado toda referencia a la Emergencia Sectorial, con lo que en el mejor de los casos se terminará beneficiando a empresas medianas y subsidiarias de las grandes corporaciones.

Este desenlace es acorde con los lineamientos del Plan Productivo Nacional que impulsa el Gobierno. Con  orientación netamente neoliberal, se propone para la Argentina un perfil de especialización productiva basado sobre “ventajas comparativas” (explotación de recursos naturales, commodities, armaduría). Esta estrategia sólo fortalecerá a sectores y actividades que logren niveles de “eficiencia” basada sobre sus costos, entre ellos, el salario. El resto, si sobrevive,  deberá reconvertirse  hacia rubros de servicios o importaciones, con la consiguiente pérdida de empleos.

Tal esquema es compatible con la destrucción del Mercosur, los tratados de libre comercio y el acercamiento con la Alianza del Pacífico. Desde APYME advertimos que de persistir en este camino no sólo careceremos de motivos para festejar, sino que asistiremos a una debacle de las Pymes y el entramado productivo nacional.

La agenda de las Pymes y la industria nacional pasa por un papel activo del Estado, con políticas que impulsen la diversificación de la matriz productiva, la protección de la industria local, la integración tecnológica, la investigación, el consumo en el mercado interno y las exportaciones con alto valor agregado. A ello se suman cuestiones estructurales, como la necesidad de modificaciones de fondo a la ley financiera, el régimen impositivo, las inversiones extranjeras y la segmentación de las políticas sectoriales, con participación de las entidades y sentido federal.

Impulsar estas políticas implica hoy denunciar los efectos devastadores  del programa económico en curso, así como de las salidas “devaluadoras”, que sólo favorecen a sectores concentrados.

Es preciso exigir,  junto con los trabajadores, los actores productivos nacionales, la economía social, el cooperativismo y demás sectores populares, que se revierta este proceso para debatir una salida que pase por el desarrollo productivo nacional y la recomposición de la industria sustitutiva, único camino para que el conjunto de los argentinos pueda tener una vida digna y aspirar al crecimiento con inclusión social.

Buenos Aires, 2 de septiembre  de 2016