Desde el anuncio de las primeras medidas del actual gobierno la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) viene alertando que las Pymes, los trabajadores y el entramado productivo nacional no están contemplados en la agenda del actual gobierno.

La desregulación en la compra y venta de divisas dio paso a una política de “flotación sucia” que convalidó una devaluación de más del 40%. Casi al mismo tiempo se ponía fin a las retenciones en los productos agropecuarios, salvo el caso de la soja, que obtuvo una disminución. Se eliminaron los cupos de exportación y los derechos de exportación de bienes industriales y minería.

Por otra parte, se inició un proceso de apertura de las importaciones el levantamiento de las DJAI (Declaraciones Juradas de Importación), que se reemplazaron por un sistema de aplicación de licencias automáticas y no automáticas. Estas últimas alcanzan en principio a sólo 1.200 posiciones arancelarias entre unas 90.000. Si bien desde el Ministerio de la Producción se aseguró que se cuidaría a las empresas nacionales de la importación desleal, lo cierto es que los distintos sectores de la industria local a denunciarse suspensión de pedidos. (VER DATOS)

Con el cambio de políticas vino el cambio de autoridades del Banco Central. Para regular el valor del dólar se apostó a la suba de tasas, lo que de inmediato se reflejó en un encarecimiento del crédito. En el caso de las Pymes, se anunció la renovación de línea de crédito productivo, pero los alcances resultaron más limitados y con mayores costos, con menores obligaciones a los bancos para prestar. También se quitó a las aseguradoras el requisito de destinar una parte de sus fondos al financiamiento de las Pymes.

Con el mismo impulso liberalizador se levantaron las restricciones a la entrada y salida de capitales, con lo que se habilitó un circuito especulativo.

Para las Pymes esta dinámica significará, como ha sucedido históricamente, un ahogo competitivo derivado de aumentos en el precio de insumos difundidos, y por otra parte una caída inevitable en las ventas, ya que estas empresas dependen mayormente de la demanda en el mercado interno. A ello se suma una fuerte alza en tasas de interés determinada por las nuevas autoridades del BCRA.

El sector también está en alerta por la anunciada liberalización de importaciones, que pone en riesgo el trabajo y la industria nacional. Al respecto sólo se dijo que se mantendrán 1.000 posiciones arancelarias mediante licencias no automáticas, lo cual genera incertidumbre por la incidencia de estas medidas en las cadenas de valor. Este anuncio contrasta con la ausencia total de cualquier referencia al crédito productivo, la sustitución de importaciones y el desarrollo industrial.

La preocupación del sector Mipyme se potencia por el anunciado tarifazo, que se presentó sin mayores precisiones bajo la figura de la “emergencia energética” decretada por el ministro Aranguren, a quien secundan en su cartera ejecutivos vinculados con las mismas empresas distribuidoras que han dejado de invertir en el país, aun siendo subsidiadas. Es indispensable que se segmente el cuadro tarifario para no afectar aún más al consumo interno, las industrias y las Pymes.

Urge que las autoridades económicas tomen nota de este cuadro de situación, ya que las Pymes conforman más del 90 % de las unidades productivas existentes y son las principales proveedoras de empleo.

Ninguna de las medidas que se han tomado se dirige a este amplio sector, que parece estar fuera de la agenda del actual Gobierno. 

Ante el riesgo que implica esta situación, exigimos se atienda cuanto antes a la representación de las Pymes, y que en la emergencia se pongan en marcha los mecanismos de regulación de la competencia y defensa del consumidor vigentes por ley, a fin de evitar mayores abusos de posición dominante en mercados de alta concentración, con perjuicios irreversibles para el trabajo y la producción nacional.