Al cumplirse 40 años desde la instauración de la dictadura cívico militar del 24 de marzo de 1976, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) declara su profundo compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y aboga por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado.

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También debe asegurarse el pleno funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura cívico militar.

No debemos olvidar que la dictadura puso en marcha un doble genocidio: social y económico. El plan  represivo que arrojó el trágico saldo de treinta mil desaparecidos víctimas del terror de Estado tuvo como principal propósito disciplinar a la sociedad para imponer el plan económico de Martínez de Hoz y sus aliados. Se trató de un minucioso proceso de destrucción del aparato productivo nacional mediante políticas de desregulación, especulación financiera, concentración y extranjerización de la economía que se plasmaron en la década del 90 y llevaron a la crisis de 2001 y 2002.

En el período político iniciado en 2003 se comenzó a revertir ese negativo ciclo histórico. Se  recuperaron  los resortes estratégicos del Estado en favor de una distribución más equitativa de la riqueza y la reconstrucción de la industria nacional. Se priorizó el desendeudamiento y las relaciones internacionales soberanas.

En el plano de los Derechos Humanos, la consigna Memoria, Verdad y Justicia pasó a constituirse en política de Estado. Se reanudaron los juicios y se comenzó a poner en relieve el papel de las corporaciones y sus titulares, junto con sectores judiciales, como cómplices y beneficiarios de la dictadura.

No a la dictadura de los mercados

Con el reciente cambio presidencial, los  representantes del llamado “poder real” se han vuelto a instalar como gerentes en el seno del Estado. El capital político obtenido ajustadamente en las urnas por la nueva alianza conservadora está siendo rápidamente invertido en la ejecución de una fenomenal transferencia de ingresos hacia los sectores exportadores y financieros. Como lo han hecho históricamente, exigen el desmantelamiento de las estructuras reguladoras y la ejecución de un nuevo  modelo especulativo y predatorio que pone en riesgo a nuestro país.

La garantía del “éxito” de este proyecto es un nuevo ciclo de endeudamiento externo que dejará a la Argentina, una vez más, a merced de los organismos de crédito y sus perpetuos planes de ajuste, en perjuicio de la  industria nacional, los trabajadores y las Pymes.

Estas medidas se adoptan mediante un fuerte sesgo autoritario. Se inició un proceso de desmantelamiento del Estado, especialmente en áreas sociales, científicas, educativas y de los Derechos Humanos, con miles de despidos ejecutados bajo un clima represivo y de persecución ideológica. La dirigente jujeña Milagro Sala, que debe ser liberada, se erige hoy en símbolo de esta lógica nefasta, que incumbe también a parte del Poder Judicial. La ley de Servicios Audiovisuales fue desactivada por decreto, mientras avanza un cerrojo informativo sobre posiciones críticas al gobierno.

Es oprobioso que mientras ocurren estos hechos desde la Secretaría de Derechos Humanos se proponga un proyecto para otorgar beneficios a los genocidas que cumplen sus condenas.

Por tales motivos,  en este nuevo recordatorio del golpe, hacemos nuestras las demandas presentadas por los organismos de Derechos Humanos al presidente de la Nación y nos sumamos a los actos y marchas en todo el país para decir Nunca Más a la represión, la dictadura de los mercados, la destrucción del aparato productivo nacional y la entrega de nuestro patrimonio. Convocamos a los empresarios,  junto  las organizaciones sociales, gremiales, políticas y cooperativas, a defender pacífica y firmemente la democracia, la soberanía y el futuro de todos los argentinos.